Hugo Chávez destruyó el pluralismo político en Venezuela al concentrar el poder en el ejecutivo. Ahora, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desea emular al hombre fuerte bolivariano y le está pidiendo al Congreso facultades para gobernar por decreto durante seis meses y un cheque en blanco para enmendar la Constitución en formas que aún no ha detallado. Puesto que el Partido Liberal, al que pertenece el mandatario, controla el Congreso, se cree que lo conseguirá.
Santos quiere este poder autoritario para cambiar unilateralmente la Constitución e incluir los términos de un acuerdo de “paz” que ha estado negociando secretamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por casi cinco años. Inicialmente, prometió un referendo sobre el acuerdo final para que los colombianos pudieran votar punto por punto sobre sus detalles, tales como si los delincuentes de la guerrilla podrían postularse a cargos de elección popular. Pero hace mucho tiempo se retractó de esa promesa, así como de muchas otras.
Santos ahora propone una simple votación de sí o no sobre el producto final, que aún no está listo. Su gobierno ha puesto miles de millones de pesos de los contribuyentes (millones de dólares) en una campaña publicitaria para convencer al electorado de que votar “no” equivale a votar por la guerra.
Santos también consiguió que el Congreso aceptara reducir el mandato constitucional mínimo de votantes para su plebiscito de la mitad más 1 del electorado a 13%. La semana pasada, el Partido Liberal propuso que se le permitiera a los colombianos desde los 14 años de edad realizar un voto simbólico sobre el plebiscito. Si la votación es estrecha, se puede suponer que Santos usará las opiniones de niños que apenas empiezan la secundaria para comprobar la sabiduría de su acuerdo.
Según una encuesta de Gallup realizada durante la última semana de abril, la tasa de aprobación del presidente es de apenas 21%. Una razón de este malestar es que su obsesión con un pacto con las FARC lo ha hecho descuidar la economía y la seguridad pública, pero 66% de los entrevistados también dijo que su proceso de paz va en la dirección equivocada.
La mayoría de los colombianos quiere la paz, pero pocos creen que los perpetradores de crímenes de guerra deban eludir la cárcel, quedarse con sus armas y las ganancias derivadas del narcotráfico y luego postularse a un cargo público. Santos, que en algún momento dijo que tales exigencias de las FARC no eran negociables, ahora asegura que no dejará que sean puntos que estropeen la aprobación de los acuerdos.
No son los únicos ejemplos de la duplicidad presidencial. Desde el principio parece que Santos engañó al público porque sus intereses no coincidían con los suyos.
En agosto de 2012, cuando se supo de que su gobierno había sostenido negociaciones con las FARC durante más de un año, contacté al presidente para solicitar más información. En una entrevista telefónica en septiembre de ese año, me indicó que los rebeldes habían iniciado el proceso y que él había comenzado a negociar sólo porque, pese a estar disminuidos, continuaban sembrando el terror. Eso lo consigné en una columna del 17 de septiembre de 2012.
La explicación que me dio el presidente contradice la de su hermano mayor en su libro de 2014, “Así empezó todo”. Enrique Santos, quien tuvo un papel protagónico en la organización del diálogo con las FARC en La Habana, señala que fue claro desde el día de su posesión que Juan Manuel buscaba “una agenda política y social diferente” a la de su predecesor Álvaro Uribe. Esto incluía la “búsqueda” de un acuerdo negociado con las FARC.
Según el testimonio de Enrique Santos, el presidente lo convirtió en “su delegado personal” y emisario debido a que él es un “viejo periodista de izquierda que había simpatizado, incluso con la lucha armada y conocía personalmente” a numerosos líderes de las FARC.
Tenía que ser una misión ultra secreta debido a que el público no quería saber de negociaciones con “grupos terroristas que considera arrinconados y casi liquidados”, escribió Enrique. Lo que no dice es que el presidente, que había sido ministro de Defensa de Uribe y forjó la reputación de ser de línea dura, seguro entendió la importancia de esconder las huellas de su hermano izquierdista.
En su relato, Enrique rechaza la estrategia militar que Uribe utilizó para pacificar al país y ni siquiera está seguro si la democracia es una buena idea: “Una total victoria militar no es factible y quizás ni deseable”.
Según la versión de Enrique Santos, una vez que los subversivos aceptaron negociar en Cuba, el gobierno de Juan Manuel Santos las transportó sigilosamente a la isla. Esto ocurría “en medio de una reactivación de ataques guerrilleros en distintas zonas del país y de un hostil y polarizado clima de opinión”.
Todo era altamente clasificado, ocultado al público “so pena de socavar la credibilidad política de un presidente, que cada tercer día reiteraba que no habría dialogo alguno con las FARC hasta que no den muestras de su voluntad para dejar las armas”.
En otras palabras, el presidente Santos planeó y mintió en tiempo real a los colombianos mientras iniciaba las negociaciones con las FARC con la intención de expandir su legado. Ahora está adquiriendo más poder para incluir su negociado acuerdo secreto en la Constitución. Eso difícilmente es una receta para la paz.
