COMUNICADO ACORE
SEGURIDAD JURÍDICA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA
En atención a que en los últimos días se ha venido realizando una intensa campaña de desinformación, utilizando de manera sistemática y persistente, algunos medios de comunicación y correos electrónicos de difusión masiva, con el ánimo de engañar y confundir a nuestros asociados, en relación con la tarea que estamos realizando conjuntamente con 17 asociaciones de la reserva activa pertenecientes a las FF.MM. y Policía Nacional, para la obtención de la SEGURIDAD JURÍDICA que insistentemente reclaman muchos miembros de nuestras instituciones, por aberrantes procesos judiciales que actualmente se les adelanta, considero importante precisar:
1. La tarea cumplida en tal sentido, tal como se ha venido informando, se está realizando, a través del Congreso de la República por conducto de sus diferentes bancadas, Fiscalía General de la Nación mediante una mesa de trabajo que se ha creado para el efecto, Procuraduría General de la Nación dentro de un comité “Pro Paz”, conformado recientemente, y con el Ministerio de Defensa Nacional y alto mando militar, con varios asesores jurídicos del EMC del Comando General de las FF.MM.
2. El esfuerzo principal, tal como es de ustedes bien sabido, de manera prioritaria ha estado orientado a la recuperación y ampliación del fuero penal militar, y la reestructuración del sistema de Justicia Penal Militar. Varios de nuestros abogados militares miembros de ACORE, han participado en esta importante tarea. Nuestras actuaciones en el Congreso de la República, han sido muy evidentes y publicitadas.
Con la Fiscalía General de la Nación, después de dos años de trabajo, hemos logrado hasta el momento, la anulación de la llamada “prueba de contexto” y la interpretación favorable de no aplicar a los miembros de la fuerza pública, la figura de “conformación de aparatos organizados de poder”, como conducta delictiva. Según anuncio reciente, en los próximos días, serán expedidas las directivas interpretativas correspondientes, en las cuales también se incluirá lo concerniente a “máximos responsables”, “delitos de lesa humanidad” y “prescripción de la acción penal”.
3. Respecto al reciente convenio inter-institucional entre los ministerios de Defensa y Justicia, sobre “Justicia Transicional, y su aplicación a miembros de la fuerza pública”, ACORE como parte integrante de la Mesa de Trabajo Permanente, a través de sus propios medios de difusión, entrevistas y otros medios de comunicación, ha explicado claramente, la posibilidad o viabilidad de acogerse o poderse utilizar estos mecanismos transitorios de justicia, siempre y cuando se apliquen EN FORMA DIFERENCIADA, a través de salas exclusivas conformadas por jueces y magistrados neutrales e independientes , sin relación alguna, directa o indirecta, con el grupo, terrorista con el que actualmente se negocia en La Habana.
Se ha advertido, además, que el acogerse a este eventual proyecto, corresponde a una decisión eminentemente personal, y que bajo ninguna circunstancia ACORE o la Mesa de Trabajo Permanente, conceptuara quienes SI, o quienes NO, harían uso de estos mecanismos, tal como, mal intencionadamente, se ha venido propalando.
Todo lo anterior obedece a la falta de garantías procesales que se viene presentando por la ausencia del juez natural que le corresponde a nuestros militares y policías, que están siendo juzgados por violación a los derechos humanos, y no por conductas atinentes al Derecho Internacional Humanitario, que es lo que corresponde.
4. Para terminar, y en aras de una mayor objetividad, y con el ánimo de aclarar cualquier duda al respecto, también considero oportuno informar, que la Presidencia de ACORE, en recientes conversaciones sostenidas con importantes dirigentes del CENTRO DEMOCRÁTICO, ha recibido información sobre otra posible alternativa que puede ser ofrecida a miembros de la fuerza pública con el ánimo de encontrar la SEGURIDAD JURÍDICA por la cual hemos venido trabajando en los últimos años.
Se trata de un proyecto de ley que será tramitado en el Congreso de la República, según el cual se crearía un Tribunal Nacional protempore para la fuerza pública que sesionaría durante doce años y tendría como función principal, a solicitud de la parte interesada, la de revisar en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios, ante eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo, a partir del 1 de enero de 1980.
A tal efecto, este eventual Tribunal, entraría a proferir las sentencias definitivas de reemplazo a que haya lugar en cada uno de los casos y actuaría como máximo organismo judicial de cierre en relación con los procesos actualmente en curso, en tratándose del mismo tipo de delitos.
Cordialmente,
Brigadier General Jaime Ruíz Barrera
Presidente Nacional de ACORE
