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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

Acaban de cumplirse ocho años de privación injusta de la libertad del señor Coronel Alfonso Plazas Vega; tiempo durante el cual la justicia ha tenido a su disposición material probatorio suficiente para inferir y declarar su inocencia. Ni los confesos criminales postulados a Justicia y Paz han permanecido tanto tiempo privados de la libertad, no obstante los gravísimos e innumerables crímenes cometidos.

Sin embargo, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, sabido públicamente el sentido favorable de la ponencia del Magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, a esta fecha no se ha adoptado la decisión que ponga fin a tan ignominiosa  violación de los derechos y garantías fundamentales de este héroe nacional.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales”. En consecuencia, se ha preocupado especialmente por desarrollar y exigir de los Estados el respeto del plazo razonable a la hora de resolver la situación judicial de cualquier persona, máxime si ésta ha sido privada de su libertad; con lo cual procura que “la afectación de los derechos de la persona, por acción o abstención del Estado, no se prolongue injustificadamente hasta generar condiciones de injusticia, inequidad o inseguridad jurídica”.

La Mesa de Trabajo del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, que agrupa más de 18 organizaciones pertenecientes al Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, se solidariza con el señor Coronel Alfonso Plazas Vega y su familia, manifestando incondicional apoyo a la reciente solicitud de su defensa para que sea puesto en libertad, en tanto que la Sala de Casación Penal da a conocer la decisión, esperando sea la misma que desde finales del año 2014 los medios de comunicación han divulgado.